La Fundación Renovables ha presentado hoy un informe en el que evalúa la situación de los incentivos económicos que los diferentes ayuntamientos españoles recogen en sus normativas municipales para apoyar a los sistemas de autoconsumo. Dicho incentivos se basan, fundamentalmente, en las bonificaciones existentes en la imposición de carácter local, tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO).

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido el cierre en 2020 de siete de las quince centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado la supervivencia de las otras ocho que sí que han invertido para continuar funcionando a diferentes circunstancias.

La Unión Europea (UE) es el quinto mayor consumidor de energía renovable sobre el total de su consumo (13,8 por ciento) de entre los países del G20, por debajo de Brasil (40,3 por ciento), Indonesia (33,4 %), la India (25 %) y Canadá (18,2 %), según datos de la oficina estadística europea, Eurostat.

Esa es la conclusión a la que han llegado los autores del estudio «Repostando hacia el futuro», obra de la consultora especializada Cambridge Econometrics, coordinada por las organizaciones no gubernamentales Transport & Environment y Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo) y presentada ayer en Madrid. El informe sostiene que "mejorar la eficiencia de los turismos y el uso de vehículos cero emisiones (eléctricos y de hidrógeno) no sólo disminuirá las  emisiones de CO2 sino que, a nivel nacional, los beneficios de esta transición se estiman en un incremento del  PIB de 3.191 millones de euros".

El sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS) es una piedra angular de la política de la UE para combatir el cambio climático y su herramienta clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable.