La Comisión Europea ha planteado la posibilidad de eliminar gradualmente las tarifas reguladas de la electricidad, en España el PVPC. El argumento es que distorsionan el mercado y ralentizan la transición a la energía limpia, según cuenta el portal Euractiv.com. Pero ante la reticencia de algunos de los países miembros, el Ejecutivo ha presentado un compromiso en el que se va a realizar una definición común de pobreza energética y así evitar las suspicacias de los sectores sociales. Este es el documento de Bruselas.
De acuerdo con el nuevo informe WEO 2018 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) , la energía renovable representó el 60% de la inversión en capacidad de generación durante la última década, y la tendencia continuará hasta 2040, momento en el que tendrá una participación del 70%, tras una inversión anual promedio de 350.000 millones de dólares en los próximos 20 años.

El consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha anunciado que el próximo año comenzará en Canarias "la construcción de la primera gran central hidroeléctrica reversible". Esta instalación tiene dos embalses de agua, a cotas diferentes, y puede funcionar en dos modos: bombeo y turbinación. Mediante el bombeo, el operador de la instalación eleva el agua hasta el embalse de arriba. Para ello emplea electricidad renovable excedentaria (por las noches cae la demanda y, en ocasiones, hay más electricidad eólica que la que puede ser consumida). La turbinación consistiría en dejar caer el agua desde el embalse superior (hasta el inferior) haciéndola pasar por una turbina que genera electricidad. [Amplía la imagen].[Para ver cómo funciona la central hidroeléctrica reversible, véase la infografía interactiva].

La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno establecerá la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos en función de su volumen de ventas.

Al menos un 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025, según ha anunciado el Gobierno durante la presentación de las ideas principales que se incluyen en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.