El Ayuntamiento de La Frontera ha aprobado de forma inicial la modificación de la ordenanza fiscal eeguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de incluir una bonificación para los inmuebles que instalen sistemas energéticos basados en energías renovables.

Sostenibilidad o protección del medio ambiente son dos cuestiones básicas que inmediatamente aparecen cuando se habla de energías renovables. Pero a nivel productivo también tienen un papel cada vez más importante, y esa es otra de las razones por las que, tanto desde el sector energético como desde el productivo y desde los propios estados, los esfuerzos por facilitar la implantación y generalizar el uso de energías renovables no cesan.

El proyecto denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible del Archipiélago Canario que encabeza el Gobierno tiene ante sí tantas oportunidades como dudas a despejar.

Las iniciativas para crear una comunidad energética local empiezan a dar sus primeros pasos. Aún son muy incipientes, y a excepción de la impulsada por Enercoop, que se ha convertido en la primera de España, todavía tienen que responder a muchos interrogantes, entre ellos, el de la necesaria regulación que les dé un marco normativo adaptado. Esta es una de las principales conclusiones de la Sesión «Fomento de Comunidades Energéticas Locales (CEL)» organizada por el IDAE.

Mientras actores como Schwarzenegger y Di Caprio anuncian que emprenderán en Latinoamérica cerca de 500 proyectos para la descarbonización del planeta, con un presupuesto de más de 4.500 millones de euros, el resto del mundo (España incluida) intenta caminar hacia un escenario ideal de emisiones cero en el que, sin contar con tanta filantropía, tanto administraciones como empresas apuestan por la descarbonización, no ya como opción sino como una apuesta obligada que, además, puede suponer una importante fuente de oportunidades de negocio.