Las instalaciones de gran consumo de energía (centrales eléctricas y plantas industriales) deben acometer todas las reformas posibles para rebajar sus emisiones de gases de efecto invernadero si quieren cumplir con la cada vez más ambiciosa normativa europea. Además, participan en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que pretende ser la principal herramienta de la política de la Unión Europea para combatir el cambio climático.

El esfuerzo económico que deben hacer para adecuarse a la normativa y, en caso de no hacerlo, el riesgo a la deslocalización a otros países donde el coste energético es menor han sido sus principales argumentos para conseguir que se les concedan ayudas compensatorias a esos costes.

La Unión Europea así lo permite en la Directiva 2003/87/CE de 13 de octubre de 2003, y la Comisión lo entiendió como “compatible con el mercado interior”. Por eso, el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, estableció un sistema de ayudas compensatorias de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas para un plazo de dos años (2015-2016) por un valor decinco y seis millones respectivamente, que luego se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entre ellas, se incluye la producción de aluminio, la fabricación de prendas de cuero, la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la fabricación de papel y cartón, el hilado de fibras de algodón y la extracción de mineral de hierro y de minerales para abonos y productos químicos.

En esta prórroga, el entonces Ministerio de Energía anunció una aportación de 78 millones de euros al de Economía para que lanzara esa nueva convocatoria de estas ayudas, lo que suponía un importe muy superior a los 5 y 6 millones que se habían otorgado hasta ahora. Alegaba que, debido a la política energética y medioambiental europea centrada en la lucha contra el cambio climático, las empresas habían tenido que elevar los costes en esta materia frente a terceros países.

Por el momento, de esos 78 millones de euros, el nuevo Ministerio de Industria de Reyes Maroto ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de la convocatoria de esas ayudas pero con un presupuesto total previsto de casi seis millones de euros (5.992.656,14 euros), destinados a compensar los costes incurridos por las empresas durante el año 2017.

“El supuesto riesgo de deslocalización o ‘fuga de carbono’ fuera de la UE es el caballo de Troya de la gran industria contaminante para presionar y conseguir sus reclamaciones si sube demasiado el precio del carbono, pero en realidad es una forma de subvención encubierta para reducir sus costes y que se pagan de la contribución de todos”, explica David Howell, responsable de Cambio Climático y Energía de SEO/BirdLife, “y tras la reforma, en febrero pasado, del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2021-2030, van a poder perpetuar las ayudas”.

Durante las negociaciones en la Unión Europea, el sector industrial justificaba la necesidad de estas compensaciones por la reducción de sus márgenes de beneficios, “y por un riesgo teórico que habría que ver hasta qué punto les podría interesar salirse de la UE”, apunta Howell. En su lugar, los ecologistas propusieron durante los trílogos que “se incluya un sistema de tasas en la frontera europea, unos aranceles que lo hicieran compatible con la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o que solo pudieran acceder aquellas que hubieran incorporado mejoras ambientales, de eficiencia energética o sostenibilidad, pero solo se incluyó esto último”.

Las solicitudes podrán presentarse del 4 al 19 de septiembre, ambos incluidos, en la sede electrónica del Ministerio: sede.minetur.gob.es.

Fuente:https://elperiodicodelaenergia.com/la-gran-industria-suma-ya-16-millones-en-ayudas-compensatorias-por-sus-costes-en-emisiones-de-co2-desde-2014/