La semana pasada salieron a la luz varias informaciones entre las que se aseguraba que los españoles pagan la luz más cara de Europa. Y no, no es verdad.

La sustitución de un millón de turismos con una edad media de 15 años por vehículos nuevos supondría una reducción de, al menos, el 82,3% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx); del 84,7% de las emisiones de partículas y del 29,1% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), según recoge el Plan de Movilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Los días en que las nuevas plantas de gas sigan siendo competitivas frente a los proyectos solares a gran escala están tocando a su fin. Pero el aumento de las subastas competitivas de energías renovables significa que será difícil obtener ganancias, incluso en un mercado en expansión.

En unos años, el sector eléctrico poco se va a parecer a lo que era en el pasado. La incorporación de nuevas tecnologías, el autoconsumo (compartido o no), las comunidades locales de energía, los nuevos agentes que participarán activamente, la digitalización y la nueva regulación que está por venir, no dejarán títere con cabeza.

La luz en España es una de las más caras de Europa. Para las empresas, especialmente para aquellas que precisan de grandes cantidades de electricidad en su día a día, esta realidad supone una pérdida de competitividad. Invertir en medidas enfocadas en la eficiencia energética ha sido, hasta ahora, la primera y principal medida que han tomado las organizaciones para frenar sus gastos energéticos.